El pretendido condicionamiento del Ministerio de Minas y Energía para que los usuarios de los estratos 1 y 2 puedan acceder al subsidio tarifario, además de significar un ultimátum no deja de ser otra de las medidas centralistas en contra de la Región.

Si bien los recursos para financiar esos subsidios, por el orden de los $650 mil millones, se encuentran garantizados, ello no significa que también estén asegurados los directos beneficiarios.

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 1873-2017 que fijó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal 2018, estableció que los estratos 1 y 2 tendrán derechos a los subsidios de energía y gas definidos en el artículo 3o.de la Ley 1117 de 2006, modificado por el artículo 1o. De la Ley 1428 de 2010 y prorrogado por el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015 “siempre y cuando el consumo total del usuario no exceda en un 50% el consumo básico o de subsistencia establecido por el Gobierno Nacional”.

Hasta ahí la disposición pareciera tener el propósito de promover el uso racional de energía

Sin embargo, la parte venenosa o lesiva para los usuarios, especialmente de la Región Caribe, está contenida en lo señalado por la Circular Externa 001 del Ministerio de Minas y el proyectado Decreto para su reglamentación.

“Estos subsidios se restablecerán cuando el usuario disminuya el consumo a los límites establecidos en el presente artículo”, señala la proyectada disposición.

La interpretación es apenas lógica. Restablecer el subsidio al usuario significa una suspensión previa del mismo, sin tener en cuenta que cuando aquel supera el consumo límite de 173 KWh para la Costa Caribe, es el cliente quien debe pagar el excedente con una tarifa plena.

Es decir, sería un castigo inmediato desconociendo otros factores como, por ejemplo, las condiciones climáticas de una Región que, como la Costa Caribe, requiere de un mayor consumo de energía para el funcionamiento de electrodomésticos, no de manera caprichosa, sino por las necesidades propias de las altas temperaturas.

Es la situación que aún no entienden quienes toman las decisiones centralistas, en contra de las diferentes regiones del país.

En consecuencia, este ultimátum va dirigido a 1 millón 826 mil 128 usuarios que representan el 68,79% del total de clientes de Electricaribe. De ellos, 1 millón 227 mil 634 corresponden al estrato 1 y 598 mil 494 al estrato 2.

De manera contradictoria, mientras a los usuarios se les condiciona el subsidio, la empresa Electricaribe es investigada por los entes de control por haber utilizado los recursos que gira el Gobierno Nacional para “sanear” sus pérdidas.

Según la Contraloría General de la República, la ilegal e irregular actuación de Electricaribe produjo un detrimento por 78.517 millones 595 mil 205 pesos.

A esa conclusión llegó el ente fiscal tras analizar 20 millones 53 mil 979 facturas correspondientes a las vigencias 2015 y 2016, de las cuales 14 millones 835 mil 849 (73,97%) registraron diferencias en contra de los usuarios a quienes iban dirigidos los beneficios.

En total, en las dos vigencias, Electricaribe recibió $396.009,7 millones de los $445.640,9 millones que el Gobierno Nacional giró para subsidiar las tarifas de los estratos 1 y 2.

Es decir, acaparó el 88,86% de los recursos nacionales, siendo la empresa más beneficiaria del país.

Pero los beneficiarios no resultaron beneficiados.